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29 de Octubre de 2020 | 14:16
Empresas

Qué son los salvaescaleras y cual es su precio

Hay personas que, al no estar familiarizadas con la instalación y el uso de las sillas salvaescaleras, quizá piensan en ellas como un elemento poco común del día a día o incluso difícil de encontrar y que los precios de los salvaescaleras son altos. Es cierto que este tipo de facilidades, diseñadas todas para personas con movilidad reducida, todavía no son tan comunes como deberían. Esto se debe a que la accesibilidad arquitectónica, es decir, sin barreras y poniendo ascensores y plataformas elevadoras en una zona importante de la planificación de construcciones públicas y privadas, todavía no está tan extendida ni se valora tanto como se debería, a pesar de que afecta a la vida de muchísimas personas solo en nuestro país.

Pero los salvaescaleras sí se pueden encontrar con relativa facilidad si se sabe dónde buscar. Para empezar, internet ha triplicado las opciones de encontrarlos, ya que es suficiente con hacer una búsqueda rápida en Google. Es entonces cuando cualquier persona que hasta entonces había tenido poco contacto con este tipo de artilugio se da cuenta de que, de hecho no existen de un solo tipo, que es probablemente el modelo conceptual que tenemos todos en la cabeza. Las hay, por ejemplo, especiales para escaleras rectas o escaleras curvilíneas; y otras que no son exactamente sillas, sino plataformas con la anchura y la longitud suficientes para albergar sillas de ruedas.

Por otro lado, no hay que pensar tampoco que son excesivamente caras o un lujo que pocas personas se pueden permitir. En realidad, como con todo, depende del modelo, de sus prestaciones, de los gastos de envío de la tienda y de cientos de factores más. La realidad común que podemos extraer como conclusión final es que los precios de salvaescaleras son bastante razonables y coherentes con respecto a su uso, su instalación y su durabilidad, de modo que no, no tienen que ser exactamente un lujo.

Eso sí, la instalación de estas sillas en edificios públicos debería ser una realidad financiada por el estado y las administraciones públicas, y los caseros y las empresas inmobiliarias deberían hacer lo propio en las zonas comunes de bloques de viviendas.